Los plazos se agotan y el tiempo corre en contra de la negociación sobre la reforma laboral: CC.OO., UGT y CEOE tampoco lograron hoy, miércoles, alcanzar un acuerdo,aunque se comprometieron a seguir negociando. La posibilidad de que el Gobierno decida acometerla por decreto antes de que acabe el mes de mayo está aún más cerca. En la reunión estuvieron presentes los máximos dirigentes de CC.OO., UGT, y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Gerardo Díaz Ferrán, respectivamente, pero el alto nivel de los negociadores no se ha traducido en un acercamiento de posturas. Según indicaron fuentes sindicales, "se mantienen las distancias" entre las partes ante la mirada atenta del Ejecutivo. Fuente: www.publico.es "CC.OO. y UGT se ratifican en su voluntad de acuerdo y seguirán negociando en los próximos días", indicaron las mismas fuentes que, por otro lado, siguen considerando "necesario y urgente" alcanzar un el acuerdo. Desde la patronal se mantiene el silencio. Con la reunión de hoy, los agentes sociales han gastado un nuevo cartucho de los pocos que quedan antes de que se acabe el plazo fijado para cerrar un acuerdo, que expira el próximo lunes. Por el lado del Ejecutivo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo esta mañana tener "confianza" en que la reunión pudiera propiciar "avances importantes" y, en concreto, expresó su deseo de que "al menos" pueda "desencallarse" el escollo sobre los "temas contractuales". También, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, insistió en que el Gobierno "está decidido" a impulsar una reforma laboral que permita mejorar la competitividad de la economía española, puesto que se trata de la reforma que "más puede" contribuir al crecimiento del país.
Los grupos de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y NaBai) han presentadouna proposición de ley de reformas urgentes en materia tributaria que afectarían a los contribuyentes con mayor capacidad económica y que en conjunto permitirían aumentar la recaudación anual en más de8.000 millones de euros. Varios economistas de izquiedasya plantearon a Público recortes en gastos militares y en las aportaciones a la iglesia, al tiempo que abogaron por la recuperación del dinero aprobado para el rescate de las entidades bancarias como alternativa al tijeretazo de Zapatero. En rueda de prensa conjunta de los portavoces de estos cinco grupos, que suman ocho diputados, el portavoz de ICV Joan Herrera explicó que todos ellos se han comprometido a introducir en el orden del día del pleno la discusión de esta proposición de ley para que se pueda debatir antes de que acabe el periodo de sesiones. La iniciativa incluye una reforma del impuesto sobre la renta, en el que se introduce un nuevo tipo del 50% para las rentas superiores a 100.000 euros, así como cambios en el impuesto de sociedades para que las empresas que ganen más de 100 millones de euros tributen al 35%. También se recupera el impuesto sobre el patrimonio para quienes superen el millón de euros y se añade un tramo más en la tributación del ahorro por el que las rentas de capital superiores a 12.000 euros anuales se gravarían al 24%. Asimismo, se suprime el régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, ya que consideran injusto que numerosos deportistas o directivos de multinacionales que ganen menos de 600.000 euros tributen al 24%, que es el tipo mínimo que se aplica a cualquier ciudadano residente en España. La proposición incluye la limitación al 5% de la participación en las sociedades de inversión variable (SICAV), que gestionan grandes patrimonios, para que sus participantes no puedan eludir la tributación de las plusvalías y dividendos obtenidos. Por otra parte, se propone la creación de un nuevo tributo sobre las operaciones bursátiles en el mismo día "para desincentivar los ataques especulativos". Además se establecen medidas estructurales, organizativas y normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, entre ellas, la elaboración de un estudio sobre la cuantificación de la economía sumergida y la información semestral a las Cortes de los avances obtenidos para corregir esa situación. El portavoz de ERC, Joan Ridao, explicó que buscarán la adhesión de otros grupos a su propuesta, que consideran la única alternativa posible frente a la "esquizofrenia de Zapatero", que primero aprueba un ajuste fiscal antisocial y ahora pretende poner un "parche coyuntural" con unanueva figura impositiva que aún no ha concretado. Estos grupos "no se resignan" a que la reducción del déficit público se haga únicamente ajustando el gasto, como manifestó la portavoz de NaBai, Uxue Barkos, razón por la que han presentado una amplia reforma fiscal "progresiva y progresista" que saque al país del "camino de la recesión, la movilización y la contestación social", según dijo el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. En este sentido, Herrera subrayó que sólo con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, eliminado por el Gobierno socialista, se recuperarían unos ingresos anuales de 1.500 millones que habría hecho innecesario el ajuste sobre las pensiones. Asimismo, cifró en 1.800 millones de euros anuales el impacto que sobre la recaudación tendría la introducción en el IRPFde un tipo marginal del 50% para rentas superiores a 100.000 euros. En cuanto al incremento del impuesto de sociedades, dijo que sólo con los ingresos procedentes de las empresas que ganan más de 1.000 millones de euros se recaudarían 2.500 millones más. Fuente:www.publico.esAlternativa al "parche"
Buscarán el apoyo de otros grupos frente a la "esquizofrenia de Zapatero"
ID Logistics y Bodegas Torres han llegado a un acuerdo por el cual el operador logístico realizará operaciones de transporte para esta bodega desde la provincia de Barcelona hacia las plataformas de distribución de Madrid, Valencia y Sevilla, entre otras.Torres ha confiado a ID Logistics las operaciones de carga completa y de grupaje de palés desde su almacén logístico central ubicado en Pacs del Penedés. Para ello, ID Logistics ha puesto en marcha un servicio de 24 h a toda España en grupaje para garantizar una respuesta idónea a los clientes de la bodega catalana.Desde el Área de Operaciones Logísticas de Torres manifiestan que “ofrecer una ágil y eficaz respuesta del servicio de entrega del pedido a nuestros clientes es un ventaja competitiva, y con ID Logistics estamos consiguiendo fiabilidad a un precio adecuado“.Por su parte, Mariano González, gerente de Transporte de ID Logistics añade: “Aportamos a Torres y a nuestros clientes por una parte el saber hacer en paletería express y por otra parte el entendimiento de su negocio y de sus clientes y distribuidores. Así podemos combinar la flexibilidad de un servicio de grupaje con horario pactado en destino”.Fuente: www.interempresas.net
El déficit es "como el sobrepeso, no se va solo". Y la fórmula para reducirlo tiene mucho que ver también con la dietética, según describió ayer el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Hay que comer menos, es decir, practicar la "austeridad fiscal", y hacer más ejercicio o, lo que es lo mismo, "aplicar reformas estructurales". Las políticas de España y la Unión Europea se han esforzado en cumplir esta dieta, "van en esa dirección", señalada por Piñera en el comienzo de la rueda dereuniones que sienta en la misma mesa desde ayer a la UE y a Latinoamérica en una cumbre que reúne a la vieja Europa en su peor momento económico y al nuevo continente en un contexto de mejora histórico. Allí las cosas se ven de forma diferente. Chile, a pesar del terremoto de febrero, espera crecer por encima del 4% en 2010. Y junto a Piñera, el anfitrión, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de turno de la UE, ayer aún con el sabor amargo del ajuste de pensiones y sueldos públicos en su haber. Igual que no se adelgaza sin esfuerzo, la crisis económica no remitirá sin sacrificios, recordó Zapatero, según la fórmula que reiteró ayer: "Es necesario reducir el déficit; todo el mundo sabe que no se reduce por sí mismo; hay que tomar decisiones, igual que con las reformas, para el crecimiento, que no se hacen solas". Por eso son precisas iniciativas "creíbles" y que "se apliquen", subrayó Zapatero. El Gobierno legislará sobre la reforma si no se alcanza un acuerdo La próxima apuesta de calado tendrá como eje la reforma laboral, según anunció al convertirla en un compromiso "inmediato" en su agenda de intenciones. La modificación del mercado de trabajo está desde hace meses abierta sobre la mesa de los agentes sociales, de momento sin resultados. "Hay que impulsar las reformas que han de acompañar al crecimiento económico, como la reforma laboral, que es el objetivo inmediato de nuestra agenda económica", anunció Zapatero, que se mostró confiado en que patronal y sindicatos lograrán resolver diferencias antes de que finalice mayo, último plazo fijado por el Ministerio de Trabajo y aceptado por los agentes sociales. A finales de año se revalorizarán las pensiones si el IPC es superior al 1% Zapatero rompió así la distancia formal que ha mantenido hasta ahora en relación con este proceso y clavó sus primeras espuelas a la negociación con un mensaje de apremio revestido en términos de confianza, al pedir a los agentes sociales una solución "cuanto antes". "CCOO, UGT y CEOE trabajan intensamente y con rapidez para buscar un acuerdo subrayó más allá de las declaraciones" que trasladan un tono poco alentador. "Seamos prudentes y esperemos unas semanas para culminar ese trabajo", pidió el jefe del Ejecutivo tras calificar de "razonable" el calendario que han delimitado patronal y sindicatos. La reforma, según señaló, servirá para "garantizar más estabilidad a los trabajadores" y facilidades de contratación a los empresarios. El mejor acuerdo "será el que más apoyo tenga", señaló el presidente del Gobierno sin mencionar la posibilidad de que la negociación concluya sin acuerdo. Hipótesis ante la que el Ejecutivo "asumiría su responsabilidad", según advirtieron fuentes gubernamentales. El jefe del Ejecutivo quiso endulzar el anunciado menú de los ajustes con una dosis de confianza. Según señaló, las reformas que ha emprendido el Gobierno "van a consolidar un crecimiento económico a medio plazo más solido". La apuesta, según describió, es ambiciosa, de ahí su gravedad. Según Zapatero, "lo que haga ahora la UE y cada país en su ámbito de responsabilidad" determinará el futuro económico "para los próximos 20 años". Además, el presidente del Gobierno confirmó que a finales de este año se aprobará una revalorización de todas las pensiones si el IPC interanual del mes de noviembre es superior al 1%, como ya anunció Público. Ese fue el incremento que se les aplicó a principios de 2010. Siguiendo el "modelo" habitual, "en función de la inflación de noviembre, se revalorizará la pensión en el próximo año" con una paga en el mes de enero, explicó. La cita de la UE con Latinoamérica, coincidió ayer, por lo demás, con una marca negra para el euro, que bajó su cambio con el dólar al nivel de hace cuatro años. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, lanzó un mensaje de confianza sin entrar al fondo de esta nueva arista en la carrera de números rojos en que se ha convertido la economía europea. Mientras, el presidente del Gobierno se mostró convencido de que la estrategia de la UE obtendrá "un resultado positivo". "La determinación de los países de la zona euro es firme", solemnizó el jefe del Ejecutivo, y mantiene el compromiso de conservar la prosperidad como seña de identidad europea, concluyó Zapatero. Fuente: www.publico.es
Revalorización de pensiones
Las fiestas y actividades relacionadas con los toros reciben cada año por parte de las administraciones 564 millones de euros en subvenciones. Este cálculo forma parte de un estudio a gran escala en el que trabaja la Fundación Altarriba , dedicada a defender los derechos de los animales. Al final los toreros van a ser casi funcionarios públicos Desde la Fundación Altarriba remarcan que la cifra total es mucho mayor, porque el cálculo no incluye las ayudas a los ganaderos. Su portavoz, Matilde Figueroa, recalca que "al final los toreros van a ser casi funcionarios públicos". Para otros fines La mayoría de los contribuyentes ignoran que parte de sus impuestos sirven para este tipo de espectáculos y que podrían destinarse a otros fines. Así, desde la Fundación Altarriba recuerdan que la comunidad andaluza ha invertido este año 2,5 millones de euros sólo para promocionar la fiesta de los toros; es decir, en meras acciones de marketing. Este presupuesto equivale a la inversión necesaria para que funcionen durante un año entero diez quirófanos de urgencias en un hospital público capaces de practicar ocho cirugías al día. Asimismo, serviría para pagar un empaste de 60 euros a 9,4 millones de niños, aliviando así las necesidades de presupuesto del nuevo plan bucodental del Gobierno. Fuente:www.20minutos.es (2007)
Esta estimación implica que cada una de las 12 millones de familias –con un modelo de hogar con cuatro personas– financia con 47 euros anualesuna fiesta que, según una encuesta de la consultora Gallup, no interesa nada al 72,1% de los españoles.
Estado español y Vaticano
A pesar de que la Constitución Española reconoce el carácter aconfesional del Estado, la relación entre la Iglesia y el Estado español se rige en la práctica por unos acuerdos firmados en los años 70 entre nuestro país y el Vaticano que condicionan numerosos aspectos jurídicos, económicos educativos y culturales.
Atado y bien atado
Lo dice nuestra Constitución en su artículo 16.3: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, que España es en teoría un Estado aconfesional. Lo que muchos españoles desconocen es la existencia de unos pactos firmados entre el Vaticano y el Estado español, con grado de acuerdos internacionales, que son los que realmente marcan la pauta de las relaciones Iglesia-Estado. Se trata de los Acuerdos Sobre Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales, un concordato firmado en el 56, durante la dictadura franquista, y renovado en el año 76 y 79. Son muchas las organizaciones que reclaman la revisión urgente de esos acuerdos, por considerar que conceden a la Iglesia católica unos privilegios que no se corresponden con lo que establece un Estado laico.
Acuerdos similares fueron firmados en su día en otros países de Europa, como Portugal, Alemania o Italia. Según explica Antonio Gómez Movellán, autor del libro La Iglesia católica y otras religiones en la España de hoy (VOSA 99) y miembro de la organización Europa Laica, son concordatos que mayoritariamente se produjeron durante el periodo fascista europeo. "Entendemos que la permanencia de esa legislación es una vergüenza para los Estados que todavía la mantienen", añade Movellán.
"El Estado adelanta a la Iglesia el dinero del IRPF, pero la Iglesia, que siempre recauda menos, no devuelve la diferencia: el Parlamento español se la perdona" |
Una parte de estos acuerdos se refiere a asuntos jurídicos, un terreno en el que la Iglesia Católica recibe unas prerrogativas excepcionales. "Es paradójico que sea más rápido en la actualidad conseguir la nulidad matrimonial por la Iglesia que divorciarse. Para el divorcio hay que esperar casi cuatro años, pero si llevas una buena bolsa de dinero, en la Iglesia en tres meses lo tienes resuelto". Además, la Iglesia católica no está sometida a las leyes civiles sino a un régimen de autonomía y de inviolabilidad total. Y una curiosidad: ¿qué ocurre con aquellas personas que quieren darse de baja de la Iglesia católica? Pues que si recurren a la Agencia de Protección de Datos para que borre su nombre de todos los ficheros de la Iglesia, se niegan a hacerlo precisamente alegando este tratado internacional.
Otro aspecto que se rige por este acuerdo está relacionado con los asuntos económicos. "Viene a decir que el Estado tiene que mantener a la Iglesia católica", resume Movellán. Se estableció una fórmula de impuesto religioso a través del IRPF, pero sólo el 32% de los contribuyentes se acordaron de poner la cruz en la casilla. El Estado adelanta el dinero, pero la Iglesia, que siempre recauda menos, no devuelve la diferencia: el Parlamento español se la perdona. "De todas formas -añade Movellán- este aspecto es el menos llamativo, en cuanto a la financiación de la Iglesia. Reciben grandes subvenciones de las Comunidades Autónomas en base a sus proyectos sociales. Se subvenciona con preferencia sus actividades en terrenos como la cooperación al desarrollo, la asistencia social, etc. En la primera etapa del gobierno socialista, la ministra Matilde Fernández intentó poner freno a esto y repartir mejor las subvenciones, pero las críticas fueron tan importantes que tuvo que dar marcha atrás". Otra fuente de ingresos la constituye el patrimonio histórico y cultural. Se financian a fondo perdido multitud de obras y reformas de construcciones cuyo uso va a ser preferentemente eclesiástico. Además, la Iglesia, como entidad privada, puede obtener beneficios de la manera que considere más oportuna, por ejemplo, cobrando por las visitas, lo que ya es una práctica habitual en numerosas catedrales. La única exigencia que pone el Estado para compensar la inversión de dinero público es la obligación de celebrar unos días al año jornadas de puertas abiertas. El resto es para la Iglesia.
"Los acuerdos firmados con la Santa Sede establecen que la religión católica tiene que estar presente en todo el sistema educativo como una asignatura más" |
En cuanto a la enseñanza, los acuerdos firmados con la Santa Sede establecen que la religión católica tiene que estar presente en todo el sistema educativo como una asignatura más, lo que enseguida nos trae a la memoria la Ley de Calidad de la Enseñanza del anterior gobierno. Según datos de Antonio Gómez Movellán, actualmente el Estado paga, como cualquier profesor interino, a 15000 profesores de religión elegidos por los obispos. Hay casi otros 15000 en los colegios concertados. "En total, cerca de 30000 catequistas adoctrinando a los niños en los colegios, financiados por el gobierno".
Desde la perspectiva del movimiento laicista las relaciones Iglesia-Estado tienen que pasar necesariamente por una revisión de unos acuerdos que tienen sus raíces en el periodo más negro de la historia de España. La discrepancia está en la velocidad: el gobierno no parece tener prisa por cambiar las cosas. "La Iglesia usa esta trinchera del concordato para no perder privilegios y el gobierno lo alega para permanecer en la inactividad", señala Movellán. ∆
¿Por qué pagamos todos?
A pesar de que España es un Estado aconfesional, las arcas públicas vuelcan cada año muchos millones de euros en las cuentas de la Iglesia.
El diputado socialista Alvaro Cuesta presentó el pasado mes de octubre una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con lo que considera la sobrefinanciación de la Iglesia con cargo al dinero público.
-¿Cuánto dinero adelanta el Estado a la Iglesia, antes de la recaudación de la declaración de la renta?
-En torno a los 162 millones de euros.
-¿Cuántos españoles marcan en su declaración de la renta la casilla de la Iglesia Católica?
-Sólo el 32% de los contribuyentes señalan en su declaración de la renta como beneficiaria de ese 0,5% a la Iglesia Católica. El resto suelen señalar a las organizaciones sociales, ONGs o al propio Estado.
"La Iglesia debería aprender a autofinanciarse. Es lo que hacen otras iglesias en otros países, que hacen recaer su sostenimiento económico sobre sus propios fieles" |
-La cantidad que recauda la Iglesia es siempre menor de la que el Estado le adelanta. ¿Por qué la Iglesia no devuelve la diferencia?
-A la Iglesia le están perdonando un promedio, según cada año, entre 30 y 48 millones de euros. Este dinero se le viene perdonando a la Iglesia desde 1996. Como dato comentaré que sólo en los seis últimos ejercicios el Estado ha perdonado la devolución de más de 180 millones de euros. Eso es así gracias a una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado de 1999, introducida por el PP. Esto se acordó para cinco años. De tal manera que éste era el último año de aplicación de esa disposición.
-A partir de ahora sería ilegal, entonces.
-Efectivamente. A partir de ahora lo que procede es una renegociación directa con la Conferencia Episcopal.
-Usted presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con lo que considera una sobrefinanciación de la Iglesia católica. ¿Por qué?
-Mi razonamiento es el siguiente. Si se le ha perdonado por encima de los 180 millones de euros, se entiende que ese dinero procede de los contribuyentes, cualquiera que sea su credo ideológico o religioso. Ese es un dinero tanto de católicos como de no católicos, incluso ateos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa sobrefinanciación que recibe la Iglesia católica vulnera el artículo 16 de la Constitución Española que establece dos principios. Uno, ninguna Iglesia es oficial y dos, libertad religiosa. Vulnera además el principio de igualdad.
-¿Qué ocurrió con la enmienda presentada?
-Este año hay una disposición adicional en los presupuestos que regula la posibilidad de conceder ayudas a fundaciones que estimulen la libertad religiosa, en referencia sobre todo a las otras confesiones, es decir, a la musulmana, a la judía y a la evangelista. En esa disposición se crean unos fondos para financiar fundaciones en favor de la libertad religiosa de otras confesiones. Esto significa que por primera vez se establece un criterio futuro que es el de la autofinanciación y por lo tanto, la voluntad política de acabar en el futuro con la sobrefinanciación.
Con esa fórmula se intentó salir al paso de mi propia enmienda, buscando una solución de compromiso. Yo me he dado por satisfecho, entendiendo que en el próximo ejercicio tienen que hacer una negociación para garantizar esa autofinanciación y acabar con la sobrefinanciación, que es lo que yo considero inconstitucional.
"Desde 1996, a la Iglesia le están perdonando entre 30 y 48 millones de euros cada año."
-La Iglesia está presionando para que su situación no cambie.
-La Iglesia desde luego no está de acuerdo con mi razonamiento, pero me consta que la voluntad del gobierno es abrir una negociación para forzar esa financiación y acabar con estas irregularidades.
-¿Es una situación inconstitucional?
-Sí, este concepto de asignación tributaria tal como está actualmente regulado, es decir, esta sobrefinanciación, yo digo que es inconstitucional, propia de un Estado confesional. Y se parece mucho a un sistema que existía en el franquismo que se llamaba sistema dotacional de retribución de culto y clero en favor de la Iglesia católica. Al margen de la voluntad del contribuyente, desde el momento en que se da un dinero adicional, se está en un sistema de dotación, no de autofinanciación.
-¿Cuánto recauda la Iglesia católica de las arcas públicas?
-Además de lo hablado, la Iglesia recibe más de 3.600 millones de euros por otros conceptos, no inconstitucionales, pero que obedecen a decisiones políticas. Una cantidad muy importante son subvenciones a la enseñanza privada concertada. Otro punto es la financiación de los profesores de religión católica. En este momento todas las confesiones tienen derecho a que el Estado financie a sus profesores de religión, lo que ocurre es que aunque está reconocido en la Ley de Libertad Religiosa del 80 y en los acuerdos con las confesiones musulmana, judía y protestante recogidos en los convenios y acuerdos del 92, no se está aplicando más que de una manera muy parcial en algunos casos para los musulmanes en Ceuta y Melilla. De tal manera que el grueso de la enseñanza de profesores de religión la paga el Estado de una manera discutible. ¿Por qué discutible? Porque contrata y despide la Iglesia, pero paga el Estado. Esa es la irregularidad.
Otro tema que hay que tener en cuenta son las ventajas fiscales. Las fundaciones de la Iglesia católica y las asociaciones confesionales tienen ventajas fiscales en relación al IVA, Impuesto de Sociedades, y a la falta de claridad fiscal. Son auténticos privilegios que deberían ser revisados.
Y por último, el dinero que recibe el patrimonio artístico. En conjunto, la Iglesia católica se está embolsando por encima del medio billón de las antiguas pesetas.
"Si se le ha perdonado por encima de los 180 millones de euros, se entiende que ese dinero procede de los contribuyentes, cualquiera que sea su credo ideológico o religioso. Ese es un dinero tanto de católicos como de no católicos, incluso ateos" |
-¿Cómo se puede modificar esta situación?
-Por una parte están esos 180 millones de euros de más que recibe de regalo y que son clarísimamente inconstitucionales. Eso se puede cambiar sin necesidad de modificar los acuerdos con la Santa Sede. El resto va a requerir la modificación de los acuerdos.
-¿Qué futuro le espera a la Iglesia en el terreno financiero?
-La Iglesia debería aprender a autofinanciarse. Es lo que hacen otras iglesias en otros países, que hacen recaer su sostenimiento económico sobre sus propios fieles.
Otra cosa es que el Estado pueda colaborar con la Iglesia católica y las demás iglesias, no dándoles dinero, sino ayudándolas a financiarse, facilitándoles la recaudación de recursos a través de la red que tiene la administración o creando figuras de colaboración y convenios. El principio del artículo 16 es la laicidad del Estado, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa oficial, pero él sí reconoce el principio de libertad religiosa y estaría obligado a estimularla en igualdad de condiciones. Esta sería la conclusión de nuestra.
Fuente: www.revistafusion.com
El artículo es de 2005, pero en la actualidad esto no habrá cambiado mucho a pesar de la crisis económica , a pesar de las reducciones de sueldos de los funcionarios y a pesar de la congelación de las pensiones.
EN LA ACTUALIDAD:
Los obispos ya están inmersos en la campaña para que los contribuyentes marquen su X en la declaración de la renta. Este lunes ha desfilado por los micrófonos de la COPE el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, para instar a marcar la casilla de la Iglesia en las declaraciones de la renta y no ha dudado en asegurar cosas como que “la Iglesia no recibe un solo euro a cargo de los presupuestos generales del Estado para su sostenimiento” o que es “la generosidad de los contribuyentes” la que les sostiene. Aunque ha reconocido que a través del IRPF no se cubre ni la cuarta parte de las necesidades de sostenimiento eclesial, acabó asegurando que la Iglesia ahorra dinero al Estado: “Sólo en materia de Educación a través de la red de colegios concertados la Iglesia le ahorra al Estado más de 2.500 millones de euros cada año; si aplicáramos reglas de valoración de mercado de sus actividades de carácter social, cuya red es la más importante de España, estaríamos hablando de varias decenas de miles de euros [de ahorro]”. Las cuentas no salen, y es que Barriocanal olvidó mencionar los aproximadamente 6.108 millones que el clero recibe en subvenciones del Estado para desarrollar sus actividades en materia social.
Fuente: El plural.com
Eliminando ésto no se tendría que bajar el sueldo de los funcionarios, ni congelar las pensiones a los pensionistas.
12 de mayo de 2010. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia al país que no queda otra que meter la tijera al gasto social. La Unión Económica y Monetaria, ese fortín de estabilidad con el que Europa sueñadesde que Nixon hundió el sistema monetario mundial de Bretton Woods (1971), se tambalea. La descoordinación de los presupuestos de los países miembros, algunos como España con el déficit desbocado, descubre una Europa incapaz de impedir que los mercados tumben al euro. Hay que reducir el déficit y la única forma de ser contundente y convencer, asegura el Gobierno, es cortar hasta llegar a la carne (pensionistas, funcionarios, dependencia...). Ya no sirve con ceñir el traje. ¿Seguro? Un grupo de economistas contrarios al capitalismo liberal consultados por Público han encontrado en 48 horas zonas donde ajustar el presupuesto para, si no evitar todas las medidas anunciadas, sí las más dolorosas. En una situación de emergencia como la que obliga al Ejecutivo a pedir los sacrificios que pide, es posible otro ajuste que tenga el efecto inmediato que exige Europa, aseguran. Porque, aunque la verdadera solución, según dichos expertos, pasa por una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, esos cambios no tendrían efecto hasta 2012. Uno de los recortes más polémicos son los 1.500 millones de euros que va a ahorrarse el Estado congelando las pensiones en 2011, medida que no afectará a las mínimas ni a las no contributivas pero que rompe con 25 años de subidas e incumple una norma legal emanada del Pacto de Toledo. Alberto Montero y Alfredo Serrano, profesores de Economía de la Universidad de Málaga y la Pablo Olavide de Sevilla, respectivamente, y miembros de la Fundación CEPS, encuentran un buen pellizco que arrancar al gasto militar. Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones, comentan. Si se recortan además los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este año, añaden, tampoco sería necesario modificar el cómputo de las pensiones (ahorro de 500 millones) ni eliminar la retroactividad de las prestaciones para los dependientes (670 millones). Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, apunta también al gasto militar como la gran partida a recortar, y sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para 24 helicópteros de combate Tigre. Otra alternativa propuesta por Montero y Serrano es la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones). Josep González Calvet, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade la supresión de cargos de libre designación, asesores que los políticos designan a dedo. Según este profesor, en la Administración española (autonomías incluidas) hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 "sin impacto laboral". Como el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, supondría un ahorro de 1.120 millones al año. Serrano y Montero descubren otras partidas que podrían contribuir al ajuste, como la eliminación de la casillade asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir el destino de parte de la recaudación. Con su supresión se incrementarían en 250 millones los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Los economistas consultados están a favor del recorte farmacéutico (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis. También defienden la supresión del cheque-bebé, que asignaba la misma ayuda a cualquier nivel de renta. Otra de las partidas más cuestionadas son los 6.045 millones que pretenden recortarse de la inversión pública entre 2010 y 2011. Con la economía saliendo a pedales de la recesión, todos los recortes del gasto público, que equivalen a restar dinero al Producto Interior Bruto (PIB), suponen jugársela a sufrir recaídas. Los más graves son los que afectan al empleo, como la inversión. ¿Cómo lograr suplir ese recorte? Montero, Serrano y la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona Miren Etxezarreta no han tardado en fijarse en el fondo dotado para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) recibió, con cargo a los Presupuestos Generales de 2009, una partida de 6.750 millones. Acudir al Frob no es gratis, de hecho tiene un alto precio para las entidades (un 7,75% mínimo a devolver en cinco años), pero los expertos citados no consideran que las arcas públicas estén para soportar esa inversión ni las emisiones de deuda posteriores hasta llegar a una dotación prevista de 90.000 millones. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada (aunque algunas cajas en proceso de fusión ya han pedido parte) en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas y sus pérdidas, socializadas. Fuente: www.publico.esMás inversión, menos banca
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