¿En qué ha quedado la Ley de Economía Sostenible?

Y al final, ¿la Ley de Economía Sostenible en qué ha quedado? Para empezar todas las medidas de control y regulación del sistema financiero son meras palabras huecas. Los capitalistas siempre tienen mil maneras de zafarse de las regulaciones. En cuanto al control de los salarios de los altos ejecutivos, la ley sólo obliga a que las sociedades elaboren un informe sobre remuneraciones... ¡para los accionistas!
Lo demás son medidas, la mayoría subvenciones y deducciones fiscales, que vuelven a trasvasar dinero público a manos de los empresarios: deducción en el Impuesto de Sociedades a las empresas que inviertan en I+D, que pasan de un 8 a un 12%; deducción en el IRPF del 10% a las que acometan obras para ahorrar energía y agua.
Para el gobierno, una manera efectiva de impulsar la investigación y el desarrollo en las empresas privadas es... regalándosela: se favorece que la investigación universitaria vaya a manos privadas, fomentando la creación de nuevas sociedades mixtas basadas en los resultados de I+D obtenidos por investigadores de instituciones públicas y universidades. La Ley Orgánica de Universidad (LOU) impuesta por el PP en 2001 y no derogada por el gobierno del PSOE y los planes de Bolonia ya apuntaban en esa dirección.
Muchas medidas redundan en ayudar al maltrecho sector inmobiliario. Lejos de buscar un "nuevo modelo productivo", se acude al rescate del ladrillo: deducciones fiscales a los dueños de vivienda en alquiler y más subvenciones para la rehabilitación de edificios. También posibilita a los pequeños pistoleros de la construcción participar en la tarta de las obras públicas, aumentando el porcentaje permitido de subcontratación (y, por tanto, la precarización) de un 30 a un 50%. La ley además favorece la "colaboración público-privada", por ejemplo excluyendo la obligación de la administración de efectuar una evaluación previa de las obras públicas contratadas, cuando algún otro órgano de la misma administración haya hecho una evaluación para un "supuesto similar", es decir ayuda a encubrir la corrupción de las comisiones por obras.
Cuando se habla de "simplificación administrativa" no hay otra cosa que más presiones laborales para los funcionarios (que ya han visto mermada sus condiciones laborales). De hecho, "se presentará un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública". No hay que ser muy listo para saber lo que esto significa.
En cuanto a la formación, la Ley de Economía Sostenible rescata la reforma de la Formación Profesional, planteada hace un año y analizada críticamente en su día por el Sindicato de Estudiantes, que entre otras contrarreformas, facilita la obtención de títulos de FP a trabajadores con experiencia laboral, pero sin formación académica. También han anunciado una posible nueva "reforma" del sistema educativo.
Las medidas "ecológicas" principalmente son subvenciones para la compra de vehículos ecológicos, un fondo público para comprar bonos de carbono (es decir, fomentar la especulación con las cuotas de emisión de CO2) y medidas para "liberalizar" el transporte público, que podría traer consigo más privatizaciones de empresas municipales de transporte público y, sobre todo, de Renfe.
No rechazamos una energía más ecológica, pero como siempre hemos explicado los marxistas, los capitalistas lo que quieren es una energía más barata. Si lo consiguen usando las renovables ¡magnífico!, pero si lo tienen que lograr construyendo más nucleares, presionarán en este sentido. De hecho, el gobierno ya anunciado una revisión de su postura sobre la cuestión nuclear.
Por último, y de tapadillo, la ley introduce una disposición adicional que permite cortar Internet a aquellos que vulneren los "derechos de propiedad intelectual", y además ¡se hará sin orden judicial! -aunque Zapatero dijera el 3 de diciembre que "el Gobierno no tiene la intención de cerrar ninguna web", al día siguiente la vicepresidenta Fernández de la Vega no fue capaz de aclarar si también revisan este punto o no-. Es decir, no sólo las multinacionales se salen con la suya a la hora de luchar contra el "pirateo" sino que además cercenan los derechos democráticos.
Dinero para los empresarios, ataque a los funcionarios, privatización y contrarreformas, anuncio de reforma laboral... ¿Alguien se cree que estas medidas servirán para cambiar el modelo productivo?

Fuente: www.elmilitante.net