España es un país fiscalmente atípico: los trabajadores y pensionistas tributan más que los empresarios y la diferencia se ha triplicado en 14 años. Por cada euro que ingresa el Estado en la lucha contra el fraude (4.183 y 4.715 millones en 2006 y 2007) se pierden dos por deudas canceladas por insolvencia, prescripción o anulación por los tribunales (8.237 y 7.309 millones de euros).
Fuente: www.elpais.com
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