El Gobierno plantea bonificar despidos para crear empleo

El Gobierno ha lanzado un dardo envenenado a los agentes sociales con una enrevesada propuesta en la mesa del Diálogo Social. Trabajo propuso por sorpresa la posibilidad de que los empresarios que despidan a trabajadores con contratos de fomento del empleo estable (los que tienen una indemnización de 33 días) no paguen una parte del coste de extinción. La propuesta sólo afectaría a los nuevos contratos de fomento del empleo que se generen y tendría una vigencia acotada en el tiempo.

En la actualidad, según explicó Alfonso Morón, coordinador del Diálogo Social, ya existe esta posibilidad para las empresas de menos de 25 trabajadores, que están libres de pagar el 40% del coste de la indemnización, del que se hace cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cuando realizan despidos colectivos o por causas objetivas. Cada año este organismo recauda alrededor de 500 millones de euros.

La propuesta está muy en el aire -los sindicatos aseguraron que el Gobierno no la había planteado hasta ahora- y falta saber si afectaría a todo el universo de empresas, independientemente de su tamaño, y de si se repetiría el esquema de que sea el Fogasa el que se haga cargo de la parte que no pone el empresario.

La paradoja de la propuesta radica precisamente en que el Fogasa se nutre al 100% de cuotas empresariales. Por lo tanto, el Gobierno aceptaría que en algunas circunstancias los empleadores pagaran menos por el despido, pero el gasto final repercutiría en la comunidad empresarial. Fuentes sindicales ponían en duda que la CEOE acepte de buen grado esta propuesta. La patronal no quiso hacer declaraciones a la salida del encuentro.

Al ser un esbozo tan esquemático, no está claro tampoco si la cuota que pagan los empresarios debería elevarse para que el Fogasa tuviera en todo momento los recursos suficientes para hacer frente a estas contingencias.

Con todo, Morón aseguró que de esta forma se "aligerarían" los costes de los contratos y que junto con la bonificación de nuevas altas es la única forma que se le "ocurre" al Gobierno para fomentar el empleo estable. Morón considera que bajar el coste del despido para el empresario "elimina la incertidumbre" a la hora de contratar, una filosofía muy cercana a la que defiende la patronal. Eso sí, el responsable del proceso de concertación señaló que no será posible optar "a las dos bonificaciones", es decir, que el mismo contrato no será bonificado por el alta y la extinción.

Esta no fue la única medida que propuso el Gobierno para moderar los gastos de los empresarios a la hora de hacer frente a los despidos. El Ejecutivo ha abierto también la posibilidad de que en el contrato de fomento del empleo se iguale el coste de la extinción a 33 días, tanto si el despido es improcedente por causas disciplinarias, como si lo es por causas económicas, como sucede en el contrato de 45 días. Además, se ampliará el uso del contrato de 33 días a más colectivos.

Además, el Gobierno quiere trabajar en la adaptación del modelo austriaco, con el fin de incentivar la movilidad laboral y la formación para el empleo. El sistema austriaco permite que cada trabajador acumule la antigüedad de su vida laboral, a efectos de la indemnización por despido, con independencia de que se cambie de empresa, lo que fomenta la rotación. Los empresarios ingresan en un fondo los derechos que van acumulando los trabajadores, y son los primeros interesados en cultivar la permanencia en la empresa de los empleados. Sin embargo, la traslación de este modelo entraña muchos problemas, ya que tal y como recordó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, Austria es un país con un mercado de trabajo muy reducido.

Los representantes sindicales se mostraron escépticos ante la efectividad de estas medidas. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, apuntó que será la actividad económica y la reforma del sistema financiero los factores que crearán empleo.

Además, los sindicatos mostraron su disconformidad por las presiones del Gobierno para cerrar un acuerdo durante el mes de abril, y abogaron por estirar los plazos hasta donde lleve la dinámica de la negociación. En este sentido, tanto Ferrer como Górriz son partidarios de aprobar de forma urgente las medidas sobre las que hay consenso y posponer las reformas más teóricas para las próximas semanas.

Plan de empleo juvenil

Los interlocutores están de acuerdo en fomentar la contratación juvenil y los jóvenes de 16 a 30 años serán el objetivo prioritario de las bonificaciones, que serán superiores para los colectivos con peor empleabilidad, esto es, jóvenes sin estudios y mujeres. Además, se ha pactado una reforma del contrato de formación, elevando la edad límite hasta los 24 años (desde los 21) y planteando la exención total de cotizaciones para empresa y trabajador. Asimismo, los trabajadores que firmen este contrato podrán tener derecho al paro, y las empresas con menos de 50 trabajadores estarán eximidas del coste de la formación técnica.

Otras medidas en la que Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo es en el fomento de los contratos a tiempo parcial de turno fijo, y en la reducción de la jornada a cambio de la prestación por paro. En cambio, los sindicatos rechazan la posibilidad de que las agencias de colocación privadas entren en los servicios públicos de empleo y que las ETT no tengan restricciones a la hora de actuar.

Fuente :www.publico.es