El Congreso da el visto bueno a la Ley de Igualdad

C. M. / MADRID (16-03-2007)

Tras la aprobación de la ley, Zapatero aseguró que el germen de la justicia 'aguardaba el momento de aparecer e instalarse de forma definitiva entre nosotros, brota en el Parlamento español, poco más de 75 años después de que se oyera aquí, por primera vez en nuestra historia, la voz de una mujer pidiendo la palabra, Clara Campoamor'. El presidente del Gobierno confesó que era uno de los días más importantes y también uno de los más felices de la legislatura, 'puesto que transformará para bien y para siempre a la sociedad española. Es una nueva norma de ampliación de derechos, de garantía de efectividad de derechos', señaló.

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron que como muy tarde, la ley será publicada por el BOE en quince días. A partir de ese momento entrará en vigor.

Una de las novedades más llamativas de la ley, cuyo coste ascenderá global es de 490 millones de euros, es el permiso de paternidad que se llevará 400 millones. Esta medida establece un permiso de quince días (trece días del permiso más otros dos incluidos en el Estatuto de los Trabajadores), si bien se irá ampliando sucesivamente hasta alcanzar los 30 días en 2013 (en un principio el plazo era 2015). Los salarios y las cotizaciones de los padres que se acojan a esta media serán pagados íntegramente por la Seguridad Social durante el periodo que dure la excedencia.

Otra medida con clara repercusión laboral es la obligación de las empresas de realizar planes de igualdad (en el caso de que superen los 250 empleados) y a negociar medidas de igualdad en los convenios colectivos, independientemente del número de trabajadores. La puesta en marcha de estas medidas tendrá un coste añadido, entre 12.000 y 18.000 euros por empresa para la elaboración del plan de igualdad, para lo cual se ha dotado un fondo de 1,2 millones de euros. Este presupuesto se destinará a financiar hasta el 50% del plan de igualdad, algo escaso teniendo en cuenta que tan sólo se podría financiar a unas 200 empresas.

Pero este coste puede ser un pequeño porcentaje del que podrían afrontar las denuncias de las fuertes sumas que puede afrontar si se suceden las reclamaciones por incumplimiento de la ley. Desde que entre en vigor el texto normativo, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones que podrán llegar hasta los 180.000 euros e incluso la ley va más al, ya que no fija ningún límite para las sanciones que se impongan por daños morales. Incluso el artículo diez de la ley propone que las conductas discriminatorias estarán penadas 'por un sistema disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias'.

En este punto destaca una novedad introducida en el punto 48.2 de la ley, por el cual 'los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento'.
Mujeres en el consejo de administración

Una de las polémicas se ha derivado, especialmente entre las empresas, por la representatividad de las mujeres en los consejos de administración. Así, propone que en las grandes empresas tengan, en un plazo máximo de cuatro años, un 40% de sus mujeres en sus consejos de administración. Esta cuota no será obligatoria, aunque primará en los concursos públicos a aquellas que cumplan estrictamente lo fijado en la ley. Igual ocurre con las listas electorales, en las que se establece una representación equilibrada de hombres y mujeres no superior al 60% ni inferior al 40%'